Organizaciones y autoridades seccionales presentaron este 3 de marzo del 2026 sus demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía y la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), las dos fueron propuestas por el presidente Daniel Noboa y aprobadas por la Asamblea Nacional.

Los Defensores del Agua del Azuay y Cañar, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y Unagua, presentaron ante la Corte Constitucional del Ecuador la primera demanda de inconstitucionalidad a nivel nacional contra la reforma a la Ley Minera, por considerar que vulnera derechos colectivos y principios constitucionales fundamentales.

Las organizaciones denunciaron que la reforma elimina la licencia ambiental en las fases de prospección y exploración y, con ello, suprime el plan de manejo ambiental y debilita los estudios de impacto ambiental.

«Es una reforma ecocida, porque en la práctica deja sin efecto la consulta previa, libre e informada, afectando directamente a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades», afirmó Yaku Pérez, exprefecto del Azuay.

Además, señaló que es guerrerista, porque permite la militarización de territorios mediante la figura de Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica, colocando a las Fuerzas Armadas como custodias de intereses mineros en zonas donde habitan comunidades campesinas e indígenas.

Este 3 de marzo del 2026, también la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, presentó la demanda de inconstitucionalidad, pero, en contra de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que regula los gastos de los GADs.

La normativa establece que los GADs deben invertir el 70 % de su presupuesto en inversión y el 30 % en gasto corriente, lo que ha despertado el rechazo de algunos alcaldes y prefectos.