La Marcha por el Agua, cumplida el 16 de septiembre, se consolidó en 2025 como uno de los hitos sociales más relevantes en la historia reciente de Cuenca.

La movilización reunió a más de 100.000 personas.

Esta multitudinaria manifestación fue convocada por el Cabildo por el Agua de Cuenca y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), junto a otras organizaciones sociales y autoridades locales.

Además, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se sumó a la convocatoria y llamó a sus bases a participar en este recorrido en defensa del agua.

La marcha respondió a la intención del Gobierno Nacional de autorizar la fase de explotación del proyecto minero Loma Larga.

Este está ubicado en los cantones Cuenca y San Fernando.

Licencia ambiental

Y es que el 23 de junio de 2025, el Ministerio del Ambiente y Minas (MAE) emitió la licencia ambiental para que la empresa Dundee Precious Metals (DPM) avance a la fase de explotación de esta concesión minera.

Este proyecto presenta un alto potencial de reservas auríferas y polimetálicas.

Se estima la existencia de 2,6 millones de onzas de oro y 9,5 millones de onzas de plata, además de cobre y otros metales.

La Marcha por el Agua partió desde el sector de San Roque y recorrió varias calles del Centro Histórico de Cuenca, lo que consolidó la posición de la ciudad en contra de la minería en zonas de recarga hídrica.

Asimismo, la movilización recordó los resultados de la consulta popular sobre minería del 7 de febrero de 2021 en Cuenca, cuando casi el 80 % de la población votó en contra de la explotación minera cerca de fuentes de agua.

Este resultado se interpretó como un mandato ciudadano para la defensa del agua frente a riesgos ambientales asociados a la minería. Asimismo, reavivó el debate sobre su alcance legal respecto a proyectos ya concesionados.

Tras esta marcha, Daniel Noboa, presidente del Ecuador, anunció que el proyecto minero Loma Larga, antes conocido como Quimsacocha, no continuará y así lo dispuso a sus ministros.

Municipio y prefectura

Noboa solicitó al Municipio de Cuenca y a la Prefectura del Azuay informes técnicos sobre los riesgos de esta explotación, como sustento para su decisión de suspender el proyecto.

En un encuentro polémico del 23 de octubre, Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, y Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay, entregaron estos informes al MAE para su análisis.

Zamora presentó un paquete de ocho documentos, entre ellos un informe del MAATE que advierte sobre el riesgo de contaminación y que, según señaló, habría sido ocultado.

También incluyó un estudio de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP) que confirma la amenaza de contaminación hídrica, información que forma parte de un proceso judicial en curso.

Asimismo, entregó un borrador de artículo científico elaborado por profesores e investigadores de Estados Unidos, Costa Rica y Ecuador, que demuestra la conexión entre aguas subterráneas y superficiales.

Además, presentó un informe pericial sobre Loma Larga, elaborado en 2016 por James R. Kuipers, de Kuipers & Associates, a pedido de MiningWatch Canada y del Environmental Defender Law Center.

Se sumó un informe del BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Francia), de 2013, que alertó sobre impactos ambientales de la actividad minera en Loma Larga.

También incorporó un estudio de la Corporación Geoambiental Terrae, de Colombia, realizado en 2022, sobre los riesgos hidrológicos y ambientales del proyecto ubicado en Cuenca y San Fernando.

Concesión minera

Las autoridades de Cuenca insistieron en 2025 en que se retire la concesión del proyecto minero Loma Larga, antes conocido como Quimsacocha, en Cuenca y San Fernando.

En 2002 se emitieron las licencias ambientales para la etapa de exploración avanzada de esta concesión. En 2003, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, se entregó una nueva concesión minera.

Aproximadamente en 2004 se descubrió el depósito de metales, principalmente oro. En 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, se aplicó el mandato minero de la Asamblea Constituyente.

Bajo el mismo gobierno en 2009, , se otorgó el certificado de no afectación de cuerpos hídricos a las tres concesiones de Loma Larga. En octubre de 2014, la empresa inició la fase de exploración avanzada.

En junio de 2019, el proyecto entró en evaluación económica durante el gobierno de Lenín Moreno, y en julio de 2021, bajo la presidencia de Guillermo Lasso, se extendió esta etapa.

Respuesta minera

La empresa Dundee Precious Metals (DPM), responsable del proyecto Loma Larga en Cuenca, confirmó en octubre de 2025 que recibió una notificación del Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) sobre la revocatoria de la licencia ambiental.

El 23 de junio de 2025, esta cartera de Estado otorgó la licencia para iniciar la etapa de explotación, decisión que fue cuestionada por organizaciones defensoras del agua y autoridades del Azuay.

DPM aseguró que está comprometida con los más altos estándares de protección ambiental y transparencia, y que cumple estrictamente con la normativa de los países donde opera.

Agregó que le preocupa profundamente la decisión de revocar la licencia ambiental, emitida, según señaló, tras un riguroso proceso del Estado ecuatoriano para garantizar el cumplimiento de altos estándares nacionales.

Minería ilegal

En octubre de 2025, las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación militar en Molleturo, Cuenca, en la zona donde se ubica el proyecto minero Río Blanco, de la empresa Junefield Ecuagoldmining South América, de capital chino.

El objetivo, según las FF.AA., fue contrarrestar actividades de minería ilegal que afectan al medio ambiente y ponen en riesgo la seguridad de la población de esta zona.

Durante la intervención de los uniformados de la institución militar, se decomisó un volquete y se aprehendió a un ciudadano que transportaba material aurífero de manera ilegal.

En el sitio también se constató la presencia de aproximadamente 400 toneladas (tl) de material mineralizado (oro y plata), presuntamente extraído de forma ilícita. Autoridades locales negaron que exista extracción ilegal en la zona.

El estiaje

A diferencia de 2024, en 2025 el estiaje se sintió principalmente en diciembre, cuando ríos como el Tomebamba y el Yanuncay registraron una reducción considerable de sus caudales.

Ese mes, el río Paute alcanzó uno de los niveles más bajos del año, con apenas 56,77 metros cúbicos por segundo, debido principalmente a la falta de lluvias en esta región.

Este afluente es fundamental para la generación de energía en las centrales hidroeléctricas de Mazar, Paute–Molino y Sopladora, ubicadas en el Austro, que aportan cerca del 40 % de la electricidad del país.

En este contexto, el estiaje y la escasez de agua en el río Paute representan para 2026 un riesgo inminente de cortes en el suministro eléctrico, como ocurrió en 2024, cuando se registraron apagones de hasta 14 horas.